Para escapar de la reiterada recurrencia catastrófica de las inundaciones del río Luján es necesario que el Estado tome intervención, como garante del bien común.
Quienes administran los recursos que dispone una sociedad para atender y dar solución a su problemas, deben invertir los dineros públicos de acuerdo a los mejores conocimientos disponibles, evitando caer en dar respuestas fáciles e inmediatas, que rodean los conflictos sin atacarlos. Así, situaciones que podrían ser superadas, vuelven recurrentemente a presentarse.
Es lo que parece suceder ante el problema hídrico de la cuenca del río Luján, en donde todos desean que la lluvia que pueda caer fluya con rapidez hacia el río Paraná de las Palmas, no importa cuánto se siga alterando la superficie de escurrimiento. Hay ansiedad en ampliar los puentes y canales, pero los especialistas y la lógica más elemental reclaman actuar profundamente sobre las causas.
Medidas estructurales y no estructurales constituyen herramientas válidas en conjunto para que las grandes catástrofes del pasado no se vuelvan a repetir. A la hora de las decisiones, mientras predomina el consenso técnico hacia la necesidad de la reversión de las causas, casi la totalidad de la inversión parece dirigirse a mitigar consecuencias.
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